La planeación del desarrollo como medio para alcanzar la sustentabilidad en Sinaloa

Por Roberto de la Maza Hernández[1]

La sustentabilidad es un principio acuñado en el Derecho Ambiental Internacional[2], el cual reconoce que el desarrollo de los Estados “debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras[3]. A partir del principio citado, los ordenamientos jurídicos nacionales se han venido apropiando del concepto de la sustentabilidad. En el caso de México, tanto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa (en adelante LADSS), definen al desarrollo sustentable como “El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras[4].

Ante la complejidad que conlleva la sustentabilidad, toda vez que abarca aspectos ambientales, económicos y sociales, ha sido necesario abordarla mediante diversos mecanismos, muchos de los cuales se encuentran consagrados en la legislación ambiental, como es el caso de la LADSS, que integra disposiciones en materia de ordenamiento ecológico del territorio, evaluación del impacto ambiental, áreas naturales protegidas y prevención y control de la contaminación. Sin embargo, existen otros mecanismos que pertenecen a diferentes ámbitos del ordenamiento jurídico, como ocurre con los instrumentos económicos de naturaleza fiscal o la planeación del desarrollo, previstos en las normas especiales que regulan dichas materias.

La planeación del desarrollo constituye el instrumento a través del cual las administraciones públicas de los diferentes órdenes de gobierno, organizan las acciones encaminadas a lograr su desarrollo. A nivel federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena la creación de un sistema de planeación democrática del desarrollo, que dará “solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación[5], mismo que es reglamentado a través de la Ley de Planeación federal. En el caso del Estado de Sinaloa, la Constitución Política de dicha entidad federativa no establece un fundamento expreso para el “Sistema Estatal de Planeación Democrática”. Empero, su creación y reglamentación derivan del mandato previsto en el artículo 3º de la norma suprema local, que encarga al Estado promover el desarrollo económico sustentable en la entidad.

De esta forma, queda establecido que existe una estrecha relación entre la planeación y el desarrollo sustentable, ya que la primera constituye un medio para lograr el segundo; situación que se encuentra reconocida en la constitución local, que condiciona el desarrollo económico a la sustentabilidad. No obstante lo anterior, el mandato constitucional de referencia no ha permeado a la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa (en adelante LPES), ya que este ordenamiento omite abordar dicha característica del desarrollo económico del estado, como sí ocurre a nivel federal[6].

La omisión citada en el párrafo anterior es parcialmente subsanada por uno de los instrumentos de la política ambiental previsto en la LADSS, ya que la “Planeación Ambiental” tiene por objeto que el Plan Estatal de Desarrollo y la planeación a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, incorporen la política ambiental y el ordenamiento ecológico del territorio[7]. En congruencia con este instrumento, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 incluye un apartado relativo al “Medio Ambiente y Recursos Naturales”, dentro del “Eje Dos: La Obra Humana”. A pesar de dicho contenido, la desarticulación imperante entre el Sistema Estatal de Planeación Democrática y la política ambiental y de sustentabilidad conlleva que la Planeación Ambiental se quede en un nivel meramente retórico, teniendo poca aplicación fáctica y, por lo tanto, eficacia. En este sentido, se estima oportuno incluir en la LPES disposiciones expresas en materia de sustentabilidad, que obliguen a que los componentes del Sistema Estatal de Planeación Democrática aborden dicho principio.

Sin embargo, por sí sola dicha inclusión no garantizará que la planeación del desarrollo procure la sustentabilidad en la entidad. Por ello se requiere complementar el proceso de diseño, aplicación y revisión de la planeación del desarrollo en el estado, con un instrumento que tenga por objeto considerar la variable ambiental en el mismo.

Éste sería el caso de la evaluación ambiental estratégica (en adelante EAE), la cual es concebida como un instrumento que permite incorporar aspectos de sustentabilidad en el proceso de toma de decisiones de política pública, identificadas con la elaboración de planes o programas que forman parte del proceso de planeación[8]. Sus orígenes se remontan a la Ley sobre Política Nacional del Ambiente estadounidense, la cual establece que estarán sujetas a evaluación de impacto ambiental tanto las acciones legislativas como las administrativas[9], lo que implícitamente incluye a las actividades de planeación. Derivado de las previsiones norteamericanas, la EAE irrumpió en Europa mediante la adopción de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Por lo que respecta a los países de Latinoamérica, destacan las leyes ambientales de Perú[10] y Chile[11], las cuales incluyen la obligación de evaluar los impactos ambientales de las políticas, planes y programas públicos, susceptibles de ocasionar impactos negativos en el ambiente.

En el caso de México, a nivel federal se han realizado algunas EAE, pero han sido esfuerzos informales y aislados, principalmente dentro del sector de infraestructura eléctrica[12], toda vez que dicho instrumento no se encuentra regulado. A nivel local, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal establece una definición de la EAE[13], sin aportar mayores elementos sobre los alcances y la aplicación de dicho instrumento.

En este sentido, a diferencia de la legislación del Distrito Federal, se estima oportuno que la LADSS incorpore a la EAE como un instrumento de la política ambiental, que, mediante una regulación integral, complemente tanto a la planeación ambiental como a las disposiciones en materia de sustentabilidad que, en su caso, se lleguen a incorporar a la LPES. Paralelamente, será necesario dotar a la autoridad ambiental estatal de las facultades y capacidades necesarias para llevar a cabo la evaluación correspondiente.

De esta forma, el Estado de Sinaloa no sólo estará a la vanguardia en materia de política ambiental, sino que contará con un mecanismo eficaz que permita que la planeación del desarrollo incluya aspectos de sustentabilidad; facilitando a la autoridad garantizar el derecho de toda persona a un ambiente adecuado, mejorando paulatinamente la calidad de vida de los sinaloenses, tanto presentes como venideros, y promoviendo la competitividad de la economía, sobre todo en el largo plazo, todo ello en cumplimiento de los mandatos previstos en la Constitución de dicha entidad federativa.

[1] Socio fundador de la Firma Vo.Bo. Asesores Integrales S.C., despacho de asesoría jurídica, política, económica o financiera, con un área especializada en política y gestión ambiental.

[2] El primer antecedente del uso del concepto de desarrollo sustentable se ubica en el informe “Nuestro Futuro Común” o “Informe Brundtland”, elaborado en 1987 por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la Asamblea de las Naciones Unidas.

[3] Principio 3 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

[4] Fracción XI del artículo 3º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y fracción XX del artículo 6o de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa.

[5] Primer párrafo del inciso A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[6] El artículo 2º de la Ley de Planeación federal establece que la planeación es un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país.

[7] Artículo 36 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa.

[8] Jilberto Herrera, Rodrigo, y Bonilla Madriñán, Marcela. Guía de evaluación ambiental estratégica. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago, 2009. P. 12.

[9] Rosa Moreno, Juan. Régimen Jurídico de la Evaluación de Impacto Ambiental. Ed. Trivium, Madrid 1993. P. 65.

[10] Artículo 24.1 de la Ley General del Ambiente Número 28611, de Perú.

[11] Inciso i) bis del artículo 2º de la la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, de Chile.

[12] Programa Anual de Trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2009.

[13] Artículo 5 de la Ley Ambiental para la Protección de la Tierra del Distrito Federal.

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